Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado más de tres mil millones de pesos provenientes del erario a través de una amplia red de empresas fantasma.

Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la UIF había encontrado indicios de que Odebrecht tejió en México una red de empresas fachada – similar a la que uso a nivel internacional – para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a través de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias.

Dichos trabajos de inteligencia financiera concluyeron a finales de junio pasado con la confirmación de que existía una red de por lo menos 38 compañías que se habrían utilizado para ir dispersando recursos provenientes del erario. Se trata de posibles operaciones de lavado de dinero.

El que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a través de múltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pagó en diversos contratos a Odebrecht (y que ya también fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación) habría sido premeditado.

Lo anterior con la finalidad de obtener dinero “extra” que la constructora brasileña se prestó a desviar y que podría tener como destino otros fines ilícitos que van desde el enriquecimiento de los implicados, hasta el pago de otro tipo de sobornos, o incluso el financiamiento ilegal de campañas electorales.

Entre las empresas denunciadas por esta trama están la propia constructora Norberto Odebrecht y sus filiales, así como diversas empresas factureras entre ellas Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma constituida en Veracruz a la que la constructora brasileña transfirió millones de dólares.

De acuerdo con un reportaje publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, los desvíos a través de los traspasos de Odebrecht se habrían implementado en por lo menos seis estados del país: Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.

Autoridades federales confirmaron que también se detectó la salida de recursos al extranjero a través de transferencias bancarias. Se trata de acciones de lavado de dinero similares a las que se identificaron en el caso de Isaac Gamboa -exfuncionario de Hacienda cercano a Luis Videgaray – y en el caso de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.

De hecho, y como parte de las investigaciones que aun no concluyen, la Fiscalía y la UIF también indagan la presunta corrupción del gobierno de Javier Duarte con la constructora Odebrecht.

Cabe recordar que los primeros proyectos de gran envergadura de Odebrecht en México se formalizaron durante la administración de Duarte en Veracruz, a través de inversiones como la de la planta Etileno XXI en la que participa la compañía Braskem.

Se complica situación de Lozoya

La presentación de esta nueva denuncia en contra de Lozoya, que derivará en la apertura de una nueva carpeta de investigación en su contra, complica la situación legal del exdirector de Pemex el cual ya se encuentra vinculado a proceso por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña, así como de la empresa Altos Hornos de México.

En la nueva denuncia, la UIF responsabiliza a Lozoya de haber sido pieza clave para la entrada de la constructora brasileña en México a través de incentivos ilegales. Lo anterior se sustenta en declaraciones de los propios exdirectivos de Odebrecht que reconocen haber pagado millones de dólares al exfuncionario para que los orientara sobre la apertura de negocios en nuestro país.

La situación es que mas allá del soborno pagado a Lozoya, su gestión permitió poner en marcha una amplia red de lavado de dinero en los que se habrían operado la entrada y salida de más de tres mil millones de pesos.

En ese contexto, la FGR está obligada a indagar el rol de Lozoya en calidad de probable responsable de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y diversos de corrupción.

Esto al mismo tiempo en que Lozoya a través de sus abogados intenta negociar con la misma Fiscalía la concesión de un criterio de oportunidad que le permita suspender los procesos que ya se le iniciaron desde hace casi un año por los mencionados sobornos.

Animal Político adelantó el pasado lunes que los abogados del exdirector de Pemex consiguieron por tercera vez una prórroga de un juez para intentar reunir más elementos que le permitan cerrar la negociación con la Fiscalía. La definición de esto deberá tomarse en audiencias programadas para mediados de agosto.

Sin embargo, aun cuando el exfuncionario lograra obtener el referido criterio, eso no lo protege de las posibles responsabilidades penales que podrían fincársele por la nueva denuncia promovida en su contra por la UIF.

A todo esto, se suma que diversas autoridades federales aun mantienen en curso tras indagatorias que podrían derivar en mas denuncias en contra del exdirector de Pemex.

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Fuentes / Animal Político

El cargo UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma apareció primero en Voces en plural.

Hace seis años, la cantante Lila Downs le compró un departamento en Coyoacán al consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama. Él obtuvo el apartamento después de la muerte de su madre y lo vendió para comprarse una casa, según me dijo. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda está investigando a Downs, a Murayama, a su esposa y a otra persona, a quien él le compró la casa.

Los Murayama y la cantante no son los únicos investigados en la más reciente incursión de la UIF en cuentas bancarias de personajes enfrentados públicamente con el obradorismo. En esta semana, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se enviaron dos oficios, con solicitudes de la UIF a los bancos en el país, para que entreguen información de cuentas, movimientos financieros, créditos y transacciones de todos ellos y también de Farah Munayer, una asesora de Murayama.

Munayer está casada con René Miranda, el director del Registro Federal de Electores del INE. El oficio con la solicitud sobre Munayer y Miranda se giró a los bancos el miércoles 23 de junio. Incluía al matrimonio, a una hermana de Miranda, a su madre, a un colaborador del Registro y a un diseñador gráfico que les compró un terreno en 2019.

Tanto en el caso de Downs y Murayama, como en el de Munayer y Miranda, el origen de la indagatoria financiera parece estar, formalmente, en que en algún momento de los últimos siete años vendieron o compraron una propiedad. Todos, desde la cantante hasta la mamá del director del Registro, tienen calidad de “investigados”.

Obtuve para esta columna copia de los oficios de investigación. La instrucción en ellos es que los bancos mantengan la pesquisa como “reservada y confidencial”.

Miranda me dijo para esta columna que él vendió el terreno cuando estaba construyéndose una casa y que tanto el dinero para el terreno como para la casa provenían de sus sueldos como servidor público.

“Esto me suena a una persecución política. Me gustaría conocer los resultados de esa investigación de la UIF para hacerlos públicos, porque no hay nada que ocultar; en mi vida no hay nada irregular”, me dijo Murayama.

Para Miranda y Murayama, la única explicación de que la UIF los indague a ellos, a sus familias y a quienes les compraron o vendieron una propiedad es que quieren presionar al INE. Un día antes de que la indagatoria llegara a los bancos, el 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los consejeros del INE “ganan más que el Presidente” y “gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos”.

Cuando lo consulté para esta columna, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que hay investigaciones abiertas a miembros del INE, pero dijo que no estaba enterado de que también indagaban a Lila Downs. “La oposición del INE a implementar mecanismos más baratos de recepción de la voluntad popular nos llamó la atención. Descubrimos que hay directores en el INE con gastos de 48 millones de pesos en American Express”, me dijo Nieto.

Hablé por teléfono con Lila Downs y su esposo Paul Cohen, quienes estaban en Oaxaca. Azorados por la noticia de la investigación, me contaron que habían conocido a Murayama por un amigo, que era vecino del consejero en Coyoacán. Así se enteraron de que vendía su departamento, un espacio de dos cuartos, donde el matrimonio Downs-Cohen habita cuando están en la Ciudad de México.

“La única relación que hubo entre nosotros fue la compra de ese departamento. Desde entonces solo lo hemos visto en la tele y no somos amigos”, me dijo Cohen.

Lila, más callada, preguntó si tendrían algún problema con su apartamento, a raíz de esta indagatoria. “Siempre el trato ha sido amable con él. Quisiera saber si tendremos que hacer algo ante la autoridad a partir de esto”, dijo ella, con la misma voz dulce y ronca que explota siempre en el escenario.

Desde la UIF, dicen que seguirán indagando. La pregunta a estas alturas parece ser, ¿quién sigue?

Fuente / REFORMA

El cargo UIF investiga a Murayama apareció primero en Voces en plural.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos, y a la cual se han ido aportando más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría alcanzar hasta al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La SSPC, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, detalló que en ese sexenio se otorgaron adjudicaciones directas por 300 mil millones de pesos que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por órdenes de las más altas autoridades de gobierno.

En la demanda radicada hoy en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma dependencia implica a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal.

Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos ya mencionados.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Icela Rodríguez informaron que el gobierno federal negoció una reducción de 15 por ciento en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.

Puntualizaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y actualmente se considera una transacción que provoca graves daños al erario.

El mandatario dijo que están en la mira contratos en otros sectores, al menos para quitarles las aristas más nocivas y recuperar lo que se pueda por lo que se obtuvo por soborno, influyentismo y moches, “ahora sí que como diría el clásico ‘haiga sido como haiga sido’”.

La carga de los contratos por los ocho penales federales fue en 2020 equivalente a casi 70 por ciento del presupuesto del organismo de prevención y readaptación social. En los nueve años recientes se ha pagado por esos centros 85 mil 398 millones de pesos.

Los contratos establecen una cuota fija sin importar el número de personas recluidas, por ejemplo, el centro femenil de Morelos se encuentra a 32 por ciento de su capacidad instalada pero se debe pagar como si estuviera lleno, de ahí que el gasto al día por persona encarcelada es de 6 mil 634 pesos, como un hotel de cinco estrellas o más, aseguró la secretaria Rodríguez.

Con el acuerdo se pagará a los particulares en el año en curso 13 mil 543 millones de pesos, 2 mil 390 millones menos que lo programado antes del convenio.

El ahorro en el periodo 2021-2024 será de 10 mil 106 millones  con lo que se pueden financiar todos los cuarteles de la Guardia Nacional, consideró el Presidente  y de 2021 hasta el fin del contrato, 41 mil 496 millones de pesos.

Los penales se encuentran en ocho entidades, en contratos celebrados entre 2010 y 2011, en favor de Pápagos Servicios para la infraestructura, firma que trasladó los derechos a Exi Quantium; Sarre Infraestructura y Servicios, igualmente lo pasó a la empresa mencionada, mientras que Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca se lo vendió a GIA, de Hipólito Gerard.

DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria lo conserva, al igual que Concesionaria en Infraestructura de Michoacán.

Además, Makobil y CRS Morelos pasaron sus derechos a Capital Inbursa, mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato lo cedió a Black Rock.

El cargo Investiga la FGR Al ex presidente Felipe Calderón por desvío de más de 300 mil mdp apareció primero en Voces en plural.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, las cuales se ubican principalmente en la Ciudad de México.

La dependencia informó que en total suman 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos.

La capital del país es la entidad que registra mayor número de reportes al sumar 30 –lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de dinero que maneja–, seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete.

Durante su conferencia magistral en el marco de los 15 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el funcionario resaltó que México cuenta con un sistema electoral “sumamente sólido”; sin embargo, todavía falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de ingresos en las campañas electorales.

En vías de generar dicho modelo, la UIF ha formalizado dos convenios de colaboración para detectar irregularidades y apoyar en la fiscalización de recursos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

A partir de eso ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran. “Estamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y cumplimiento a las disposiciones normativas. También se formalizaron dos anexos técnicos para avanzar en temas como lo que sucedió con el Pemexgate o las tarjetas de Monex o Soriana.

“Investigaciones nos refieren que hay 6 por ciento más de flujo de efectivo durante las campañas electorales y que los gastos de campaña son cinco o seis veces más el tope establecido por el INE.”

El caso más mediático fue el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien reveló una red de desviación millonaria de recursos hacia la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto; también se detectó un caso a través de tarjetas de sindicatos por parte de un candidato panista en Coahuila. En Nuevo León, se enviaron recursos a empresas fantasma de donde se extrajo el dinero en efectivo.

Como parte del combate a la corrupción, la UIF ha bloqueado 4 mil 647 cuentas bancarias, cuyo monto representa mil 309 millones 563 mil 97.72 pesos y 288 millones 629 mil 795 dólares.

“Mi deseo es transitar a que ese dinero sea reincorporado a la hacienda pública. El modelo tiene que ser el abandono o el decomiso judicial o extinción de dominio cuando hubiera una denuncia penal.”

El cargo Detectó la UIF 86 “operaciones inusuales” en precampañas apareció primero en Voces en plural.

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vinculó a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.

Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle y de su esquema de lavado fueron congeladas a petición de la UIF.

Premisas de la acusación

Jorge Luis Lavalle, ex senador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado mexicano en el sector energético.

En el proceso contra el ex parlamentario Lavalle, la UIF participó como parte ofendida y coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de la investigación.

En la investigación sobre Jorge Luis Lavalle se vincula también al ex senador Roberto Gil y a García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y ex senador panista por ese estado cuando fue aprobada la reforma energética en el gobierno anterior.

En el caso particular de Lavalle, la denuncia de la UIF en la Fiscalía Anticorrupción y el congelamiento de cuentas bancarias fue por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La UIF también proporcionó información sobre Jorge Luis Lavalle y sus operaciones financieras a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (Seidf), que es la instancia que investiga particularmente sobre posibles actos de corrupción en el marco de la reforma que privatizó la industria energética en el sexenio del ex presidente Peña Nieto.

Presentada el 13 de octubre de 2020, la querella está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), identificada con la carpeta de investigación DEN/UIF/89-2020.

Hace tres semanas, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que el gobernador García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades con valor superior al de sus ingresos declarados, además de participar en actos de corrupción y en el uso de recursos de procedencia ilícita. El mandatario, que está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, negó las acusaciones que se le imputan.

También el panista Gil Zuarth ha rechazado los señalamientos de haber participado en actos de corrupción durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma energética.

El cargo Vincula la UIF a tres ex senadores panistas con delitos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito apareció primero en Voces en plural.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por depósitos acumulados de 309 millones de pesos, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al citar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó sobre el caso y, aunque en principio dijo que no tenía el dato pero lo indagaría, minutos después le pasaron una tarjeta con la confirmación de la existencia de una averiguación de la FGR. No obstante, el mandatario pidió esperar al resultado del proceso porque las conferencias en Palacio Nacional – advirtió- no son tribunales ni espacio para linchar a nadie, y tampoco se usan los mecanismos judiciales para venganza o fabricar delitos. “Es la Fiscalía la que va a decidir si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad. O sea, no podemos condenar a nadie sin prueba. Es más, la misma Constitución protege a los ciudadanos sobre este tema”, subrayó.

El Presidente dijo que la indicación es que cualquier servidor público que sepa de algún delito debe presentar denuncia, “ni siquiera hace falta que me consulte para no ser nosotros encubridores ni cómplices”.

No obstante, precisó que quienes más le informan son los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

“Hoy, por ejemplo, además de que se trató la reunión de seguridad, me informaron por escrito lo de la frontera y sobre otro asunto, sobre una presunta fuga de combustible en el dren emisor y desde la tarde se empezó a actuar. Quiero siempre que se comprenda que una denuncia que se hace aquí no significa una condena; nada más que siempre quienes nos están viendo, la persona aludida, considere que este no es un tribunal para linchar a nadie o para hacer un juicio sumario; se garantiza el derecho a la libertad de expresión que todo se pueda preguntar y que no haya censura en nada, libre pero que sí tengamos conciencia de que las denuncias deben probarse y para ello está el ministerio público y los jueces”, dijo.

Recordó, además, que por una investigación periodística se le sugirió a Romero Deschamps presentar su denuncia, luego que se reveló que tendría vacaciones acumuladas hasta el 2024. “Me llamó la atención porque según lo que se esgrimió que durante todo el tiempo que estuvo de dirigente nunca salió de vacaciones y había acumulado todos esos días hasta el 2024. Eso la verdad yo no lo sabía y me pareció, independientemente de lo laboral, me pareció una inmoralidad y hablé con el director de Pemex, con la secretaria de Gobernación para que se investigara este asunto y se comprobó que tenía ese mecanismo. Se habló que era con la idea de regresar después, cuando ya no estuviésemos nosotros, que él se mantuviera en activo para que después del 24 el regresara al sindicato. No creo que el estuviera pensando en eso pero lo que sí era inaceptable que se le pagaran 4 años de vacaciones”, señaló el Presidente.

A nivel general subrayó que la principal indicación es que no haya impunidad. “Se está haciendo una investigación; la instrucción es que no haya impunidad, que todos podamos ser investigados, que haya escrutinio de todos los servidores públicos, y sí existen esas investigaciones pero no se puede declarar culpable a nadie hasta que se demuestre que, en efecto, están involucrados en este delito”.

No sólo en este caso, añadió, son cientos de investigaciones relacionadas con el huachicol, ilícito que se combate con el apoyo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional pero también con supervisión de las refinerías porque hay testimonios de que antes salían las pipas de las propias instalaciones de Pemex.

Sin embargo, no vamos a utilizar mecanismos judiciales para venganza o fabricar delitos, reiteró.

El cargo Investiga ala FGR a Romero Deschamps por depósitos acumulados de 309 mdp: AMLO apareció primero en Voces en plural.