Los tribunales emitieron los primeros criterios respecto del papel de la conciliación dentro del nuevo sistema de justicia del mundo laboral, privilegiando este mecanismo dentro de las demandas de los trabajadores a sus patrones.

La conciliación de los conflictos laborales debe realizarse sin importar el contexto que viva el país y la omisión de este procedimiento no justifica que un juez deseche la demanda de un trabajador que no haya agotado este proceso, resolvió el Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el semanario judicial una serie de tesis que se convierten en los primeros criterios para definir el proceso correcto en el nuevo mecanismo de solución de conflictos entre trabajadores y empleadores.

Aunque estas herramientas no son criterios generales que deben seguir todos los tribunales, especialistas consideran que son un antecedente que abre la llave a nuevos pronunciamientos para tener mayor claridad en el procedimiento de conciliación establecido con la reforma laboral de 2019.

Con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la conciliación laboral se estableció como un procedimiento prejudicial, es decir, una etapa que debe agotarse para iniciar un juicio, salvo algunas excepciones previstas en el marco legal como los casos de acoso, discriminación o denegación de derechos colectivos.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región fue la autoridad que resolvió un amparo promovido por un trabajador, luego de que un juez laboral en el Estado de Campeche desechó la demanda de éste, en la que solicitaba la remisión al Centro de Conciliación Laboral donde le fue impedido realizar el proceso prejudicial.

Sin embargo, el juez laboral desechó la demanda porque el trabajador no agotó la etapa conciliatoria, a pesar de que este mismo solicitó su remisión a la autoridad competente.

“Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del Juzgado Laboral que desecha la demanda es ilegal, si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación no estando eximido de hacerlo, pues sin fijar competencia sobre el asunto, la debe remitir a la autoridad conciliadora competente para que lo inicie”, refiere el criterio jurídico establecido en la tesis aislada.

En ese sentido, Sara Morgan Hermida, consultora y especialista en Derecho Laboral, apuntó que este criterio jurídico es obligatorio para este juicio de amparo promovido en Campeche, pero no es una obligación para que se aplique en todos los juicios. Pero es un antecedente que se encamina a una jurisprudencia.

“Lo trascendente del criterio es que si la demanda se desecha, la parte actora se quedaría sin posibilidad de demandar nuevamente ya que no se puede reclamar dos veces sobre el mismo derecho, ésa es la razón por la cual el tribunal no admite el desecho de la demanda y ordena reponer el procedimiento”, explicó Sara Morgan.

En la tesis, el tribunal colegiado argumentó que la Ley Federal del Trabajo señala que el tribunal, en este caso el juzgado laboral, debe remitir al trabajador a la autoridad conciliatoria competente en caso de que este omitiera agotar el procedimiento al que estaba obligado. “Lo que implica que solamente debe proveer sobre la remisión, sin admitir ni desechar la demanda”, puntualizó la autoridad judicial.

Por otra parte, el tribunal resolvió que la conciliación es una etapa prejudicial obligatoria, sólo en las excepciones indicadas en la LFT, y la pandemia de Covid-19 no es justificación para no realizar este procedimiento.

“Aun cuando es un hecho notorio que ante la pandemia por el Covid-19 que afecta al país las instituciones han restringido sus actividades ordinarias, también han implementado medidas que permiten el desahogo de sus funciones, por lo que el actor tenía la obligación de agotar esa fase previa”, argumentó el tribunal colegiado.

En este contexto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha puesto el ejemplo implementando las conciliaciones remotas, un mecanismo que permite agotar esta etapa aun cuando las oficinas estén cerradas y que llegó para quedarse.

Fuente / EL ECONOMISTA

El cargo Poder Judicial ratifica que la conciliación es obligatoria en conflictos laborales apareció primero en Voces en plural.

El magistrado presidente señaló que es fantasiosa la idea de que el mandatario mexicano quiera desaparecer a la Suprema Corte

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que el representante del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pretenda disolver la institución que preside.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la mañana” para Radio Fórmula, el magistrado señaló que le parece fantasiosa la idea de que López Obrador estaría preparando la disolución de la Suprema Corte, como circula en algunos medios de comunicación.

Detalló que en las pláticas que ha sostenido con el mandatario mexicano, este no le ha mencionado siquiera la posibilidad de lo que se rumora.

“Por supuesto que no hay nada de eso. Lo que yo he platicado con el presidente a lo largo de todo este tiempo, jamás me ha mencionado esta posibilidad, ni creo que él tenga esta idea”, aseguró”.

Por otra parte, hablando de su decisión de no ampliar su mandato en la Suprema Corte, Zaldívar reveló que informó primero a López Obrador como una muestra de respeto, ya que él había apoyado su permanencia por dos años más.

“Se lo informé al presidente de la República por una deferencia, porque él ha apoyado decididamente la renovación del Poder Judicial y también había apoyado esta idea de que permaneciéramos para poder consolidad la renovación judicial. A mí me pareció que lo mínimo que podía hacer con alguien que ha impulsado con toda su fuerza política e institucional un proyecto de renovación, es hacerle saber esta comunicación”, explicó.

También dio a conocer que oficialmente no había informado a sus compañeros ministros de su decisión; sin embargo, lo había platicado en los individual.

“Ya les había expresado que no era mi intención quedarme”, dijo; por lo tanto, no fue una sorpresa para ellos su decisión”.

Asimismo, Arturo Zaldívar resaltó el momento en el que dio a conocer su determinación fue el adecuado, ya que había planeado informarla una vez que estuviera “salvada la reforma judicial y protegido el Poder Judicial”.

Fuente / Grupo Formula

El cargo “AMLO jamás me ha mencionado la posibilidad de disolver la SCJN”, afirma Arturo Zaldívar apareció primero en Voces en plural.

Desde enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia determinó que fue ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora por parte de Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a siete años del derrame de tóxicos mineros y a más de un año de la resolución, ese amparo sigue sin traducirse en plantas potabilizadoras y una clínica médica para los afectados.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– El derrame de tóxicos de una mina de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi arrebató desde hace siete años a las comunidades aledañas tanto su salud como el agua que consumen, así como su producción agrícola y ganadera, acusan los Comités de Cuenca Río Sonora.

“Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias”, determinaron en un comunicado donde exigen sanciones y castigo a la minera Buenavista del Cobre, propiedad del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco (27 mil 110 mdd, Forbes).

El 13 de febrero de 2017, a sólo tres años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa cerraron unilateralmente el Fideicomiso Río Sonora sin cumplir el compromiso de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, por lo que los habitantes de los siete municipios afectados aún cargan con el costo de las enfermedades, de los medicamentos y de los garrafones por las altas cantidades de arsénico y plomo en el agua, reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en noviembre pasado.

Los Comités de Cuenca Río Sonora interpusieron un amparo (640/2019) atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2019, para reclamar que el Fideicomiso fue extinto sin la opinión de las personas afectadas. La Corte falló a su favor en enero de 2020 al declarar que fue ilegal el cierre de este fondo, pero a más de un año de la resolución no ha tenido ninguna consecuencia, aseguraron los afectados.

“El amparo se fue a la generalidad y no se ha traducido en absolutamente nada. No se han establecido las medidas para resarcir los daños como la clínica de salud y las plantas potabilizadoras”, aseguró Martha Patricia, habitante de Baviácora, quien ha enfermado por la presencia de plomo en su sangre. Lleva dos años sin atención médica tras el cierre de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS) en Ures.

Desde el 2 de agosto de 2019, ella interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 2019/70906 por la violación a su derecho a la salud y a la vida. Apenas el 22 de abril de este año recibió de la Sexta Visitaduría General un carpetazo como respuesta al argumentarle que el fallo de la Corte se traduciría en la reapertura de UVEAS, lo cual no ha sucedido.

“Si las autoridades pasadas actuaron por corrupción, estas están actuando con una total simulación. Teníamos esperanzas con el cambio de Gobierno, pero ya se nos están muriendo porque transcurrió el tiempo en demasía. Hacen como que hacen y hasta este momento no nos han dado una respuesta concreta. ¡Si no es cualquier cosa!”, acusó.

Tras la resolución del amparo, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), representantes de la mina y afectados tuvieron una reunión informativa en Ures en mayo del 2020. Después, el 4 de julio pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores presentaron un Plan Integral de Atención a Cananea, incluyendo un diagnóstico ambiental sobre los ríos contaminados, cuyo plazo para su presentación concluye el 4 de octubre.

Pero el productor agrícola y ganadero José Manuel dijo que no hay avances porque se siguen tirando la responsabilidad entre la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Se llevaron nuestro sentir y peticiones, pero hasta la fecha todo sigue en promesa; no ha habido una acción o plan a siete años de la tragedia”, dijo vía telefónica desde Baviácora, luego de acomodar a sus vacas en el corral. “Pura simulación de que van a remediar la contaminación”.

Francisca coincidió en que, aunque han visto más atención y apertura de las autoridades ambientales que en el sexenio pasado, no han visto algo más concreto en la remediación del daño. “Estamos pidiendo que ya todo se haga tomando en cuenta nuestra opinión y que la participación sea efectiva, que no sólo estemos como monito de maniquí”, comentó.

Fuente / sinembargo

El cargo Minera de Larrea causó el peor desastre ambiental de México. Y qué. Sigue impune apareció primero en Voces en plural.

Luego de reunirse con cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aclaró que no posee atribuciones legales para intervenir en los conflictos de este organismo; sin embrago, dijo que desde su punto de vista la titularidad de José Luis Vargas “ya no es viable”.

En conferencia de prensa, indicó que recibió a cuatro magistrados y a una magistrada de la Sala Superior a solicitud expresa de ellos. Sostuvo que solicitaron su intervención para dialogar y mediar el conflicto, con el propósito de que se convierta en un “instrumento de conciliación” para encontrar una salida.

“Obviamente yo no tengo atribuciones constitucionales para intervenir en este conflicto, salvo las que se puedan derivar de un medio de defensa, pero lo hice a solicitud de ellos, como presidente de la Corte y por tanto del Poder Judicial federal, ante una crisis que se está viviendo”, dijo.

El ministro presidente apuntó que sus pares se encuentran en un ánimo muy constructivo, conciliador e institucional, pues buscan superar los conflictos y trabajar para legitimar, de mejor manera, al Tribunal Electoral, el cual ha sido “desprestigiado y deslegitimado con estos conflictos internos”.

Reconoció que ayudó y dio sus opiniones al respecto, y lo continuará haciendo en aras de encontrar un acuerdo y que se resuelvan las diferencias. Sin embargo, aclaró que la decisión final recaerá en los magistrados del TEPJF, con la cual estará de acuerdo, respetando la autonomía del organismo.

“Me parece que esto pasa por considerar que la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado Jose Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que, él dice, sigue ostentando. Me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad en pro del tribunal”, advirtió.

Propuso que, de manera democrática, la mayoría elija quién debería ser la nueva presidenta o presidente del TEPJF. “Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país y de la justicia electoral”, dijo. 

A la vez, hizo un llamado al magistrado José Luis Vargas para que tome una decisión “con altura de miras, con responsabilidad y con realismo”, ya que no existen las condiciones para seguir si tiene el rechazo expreso de cinco integrantes del Tribunal Electoral. 

Fuente / msn Noticias

El cargo Presidencia de José Luis Vargas en Tribunal Electoral “ya no es viable”, dice Arturo Zaldívar apareció primero en Voces en plural.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que si la legalización del uso lúdico de la mariguana en México no funciona, evaluará enviar una iniciativa de ley para realizar cambios.

El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad respecto al uso lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC).

“(Vamos a) ver cómo se va resolviendo esta medida y qué efectos va a tener en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar, perjudica, pues planteamos un cambio. Enviaría yo, de acuerdo con mis facultades, una iniciativa de ley”, sostuvo en la durante la mañanera.

López Obrador indicó que se respetará la decisión que tomó el Poder Judicial. Sin embargo, su gobierno actuará con base en los efectos y resultados de esta medida.

La decisión de la Corte abre la puerta para que aquellas personas que obtengan un permiso de la Secretaría de Salud puedan consumir de manera lúdica las sustancias mencionadas.

Esto también permite que puedan adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportarlas solo en cantidades para uso personal.

Fuente / El Financiero

El cargo AMLO enviará una iniciativa si la legalización del uso lúdico de la mariguana no funciona apareció primero en Voces en plural.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la prohibición del uso lúdico y recreativo de la cannabis, pero sólo será para personas mayores de edad y no podrá ser consumida frente a menores de edad ni terceros que no lo permitan.

La aprobación con 8 votos a favor y 3 en contra fue suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de la planta, pero no significa que todo el mercado de la cannabis sea legal, ni que los consumidores queden exentos de limitaciones.

Con mayoría calificada, el máximo tribunal aprobó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que impedía a la Secretaría de Salud entregar permisos para consumo lúdico y recreativo de la mariguana.

“Procede declarar la invalidez, con efectos generales, de la normativa prevista en la Ley General de Salud que prohibe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, por considerarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”, señala la resolución aprobada.

Fuente / Forbes

El cargo Permite la SCJN consumo lúdico de mariguana, pero sólo a mayores de edad apareció primero en Voces en plural.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida la reforma que desconocía al Sistema de Justicia Comunitaria de los Pueblos Indígenas de Guerrero.

Uno de los argumentos determinantes es que los pueblos no fueron consultados sobre el desconocimiento de la policía comunitaria en la Constitución del estado.

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del Decreto número 756 por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución Política del estado de Guerrero en materia de derechos y cultura indígena en 2018.

El pleno reiteró que cuando las normas impugnadas incidan directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y aformexicanas, existe la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa.

El Pleno consideró que los foros regionales organizados por las autoridades estatales no constituyeron una consulta válida de acuerdo con los estándares establecidos por la SCJN.

Finalmente, la SCJN determinó que la declaratoria de invalidez surtirá efectos dentro de los 18 meses siguientes a que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de Guerrero, quedando vinculado para que en dicho plazo lleve a cabo la consulta y emita la legislación correspondiente.

Desde luego, sobre el tema, debe considerarse la incorporación de los Derechos Políticos Electorales, para evitar la usurpación de  la identidad indígena, tal como está sucediendo con el Distrito V Federal con cabecera en Tlapa y con una diputación plurinominal que le corresponde a una persona indígena y que está siendo usurpada por una persona que no lo es.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la operación de la Ley de Hidrocarburos se va a concluir en otras instancias, posiblemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que si bien los particulares tienen derecho a ampararse, el gobierno federal también combatirá la decisión de los jueces porque el objetivo es poner orden en el sector. “Todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte,es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso. Los particulares, los empresarios que recibieron contratos – en la mayoría muy jugosos, muy favorables a ellos y muy malos para el interés público- recurrieron a estos recursos de amparos pero todavía faltan instancias”, señaló.

En conferencia de prensa indicó que se dará seguimiento al cumplimiento de estas leyes porque significa defender la economía popular y combatir la corrupción.

La citada ley fue suspendida ayer de forma definitiva por los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, al considerar que atenta contra los principios constitucionales de libre competencia y contra la seguridad jurídica de las empresas.

En el caso de esta Ley de Hidrocarburos, añadió el presidente, si Pemex (Petróleos Mexicanos)no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, “lo que va a seguir imperando, prevaleciendo, es el contrabando, el huachicol que se da porque en la pasada administración entregaron más de mil permisos para la importación de gasolinas, de diesel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad”.

Hizo la analogía de este sector con lo que ocurre en la entrega de placas para operar taxis. “Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente, placas para dar el servicio de taxis, ya ven que habían hasta políticos que tenían 50, 100, 200 o siguen habiendo, placas que las administran, los choferes no tienen permisos, pero hay políticos que tienen 100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas de diesel y también mucho contrabando utilizando esos permisos, mucho huachicol”.

Entonces, subrayó, por eso tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos. “Y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces, que esa es su función, atender a esos ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares, con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y proteger al pueblo”, sostuvo.

El mandatario recalcó que los amparos hacia este tipo de asuntos “es una deformación que se trate en el Poder Judicial, pero sí, es legal. Entonces también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de gasolina, diesel y otros combustibles”.

“Es lo mismo que presentaron amparos que presentaron empresas que siguen teniendo contratos donde cobran mucho por la luz que le venden a la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Incluso reciben hasta subsidios. Ya se expuso aquí cómo una cadena comercial, una corporación, paga, guardada las proporciones, menos de luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de intereses creados”.

Entonces, prosiguió, ahora también llueven los amparos porque quieren mantener los mismos privilegios y no se va a seguir defendiendo eso, “cero corrupción, cero impunidad”, advirtió.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo que había solicitado el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, en contra de su extradición a los Estados Unidos, donde es requerido para que responda por los cargos de fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero.

El ex mandatario impugnaba la Ley de Extradición Internacional y el tratado bilateral en la materia, los cuales, afirmaba, violaban sus derechos de audiencia, defensa adecuada y debido proceso.

La Primera Sala de la SCJN decidió por unanimidad negarle la protección de la justicia federal, y avalar la constitucionalidad de las normas que impugnaba Hernández Flores, debido a que éstas: “no atentan contra las posibilidades de defensa ni quebranta las formalidades establecidas para dicho procedimiento, pues permite desarrollarlo en un ámbito de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales de la persona requerida”.

La extradición del ex gobernador no será inmediata, pues el fallo de la SCJN ordena regresar el expediente al tribunal colegiado de origen, únicamente para que resuelva temas de mera legalidad y dé trámite a la entrega de Hernández Flores a la justicia estadounidense.

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La primera iniciativa, corre a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia que propone reformar los artículos 94 y 95 de la Constitución para quitarle las pensione a los ministros de la Corte, en caso de que se dediquen a otra actividad.

La iniciativa, plantea que los ministros de la Suprema Corte, perderán su derecho a pensión, “en el momento en que desarrollen cualquier otra actividad laboral remunerada o no, en el sector público o privado”.

Esto, justifica la legisladora en su propuesta, es “para fortalecer la independencia del Máximo Tribunal, así como la racionalidad en el ejercicio del gasto público”.

Por otra parte, a propósito de los amparos que otorgó un juez a empresas particulares para detener la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas, el diputado morenista, Alfredo Rivas Aispuro propone impedir que particulares se puedan amparar contra leyes generales que afecten el interés común.

Rivas Aispuro considera que “la época neoliberal trastocó la orientación eminentemente protectora del Juicio de Amparo en favor del Pueblo” y por esto, inscribió una propuesta en la agenda parlamentaria para reformar el artículo 128 de la Ley de Amparo, con el fin de reglamentar los artículos 103 y 107 de la Constitución e impedir que particulares se amparen contra leyes generales.

Fuente: El Sol de México/Rafael Ramírez

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