Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales durante el periodo de precampañas electorales, las cuales se ubican principalmente en la Ciudad de México.

La dependencia informó que en total suman 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo y requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, aparentemente, cometieron irregularidades en sus gastos.

La capital del país es la entidad que registra mayor número de reportes al sumar 30 –lo que se explica por su densidad poblacional y cantidad de flujo de dinero que maneja–, seguida por Puebla, con 11, y Tamaulipas con siete.

Durante su conferencia magistral en el marco de los 15 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública local (Info CDMX), el funcionario resaltó que México cuenta con un sistema electoral “sumamente sólido”; sin embargo, todavía falta instaurar un modelo de riesgo para detectar la procedencia de ingresos en las campañas electorales.

En vías de generar dicho modelo, la UIF ha formalizado dos convenios de colaboración para detectar irregularidades y apoyar en la fiscalización de recursos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

A partir de eso ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran. “Estamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y cumplimiento a las disposiciones normativas. También se formalizaron dos anexos técnicos para avanzar en temas como lo que sucedió con el Pemexgate o las tarjetas de Monex o Soriana.

“Investigaciones nos refieren que hay 6 por ciento más de flujo de efectivo durante las campañas electorales y que los gastos de campaña son cinco o seis veces más el tope establecido por el INE.”

El caso más mediático fue el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien reveló una red de desviación millonaria de recursos hacia la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto; también se detectó un caso a través de tarjetas de sindicatos por parte de un candidato panista en Coahuila. En Nuevo León, se enviaron recursos a empresas fantasma de donde se extrajo el dinero en efectivo.

Como parte del combate a la corrupción, la UIF ha bloqueado 4 mil 647 cuentas bancarias, cuyo monto representa mil 309 millones 563 mil 97.72 pesos y 288 millones 629 mil 795 dólares.

“Mi deseo es transitar a que ese dinero sea reincorporado a la hacienda pública. El modelo tiene que ser el abandono o el decomiso judicial o extinción de dominio cuando hubiera una denuncia penal.”

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