Chilpancingo, 30 de abril. – Bajo la consigna de “ni pistolas, ni amapolas, queremos ver las olas”, cientos de niños provenientes de 24 comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, marcharon en la localidad de Alcozacán para hacer un llamado de justicia a las autoridades y se les brinde la seguridad que han solicitado desde hace más de un año.

Indicando que el azote que están sufriendo por parte del grupo delictivo ‘Los Ardillos’ cada vez supera a las autodefensas.

El pasado 22 de abril, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) convocaron a una marcha en la que participarían por tercera vez, desde enero del año pasado, niños armados exigiendo seguridad, en el contexto del Día del Niño.

Sin embargo, los niños no salieron armados a la marcha, portaban cartulinas con exigencias de seguridad y justicia, «Alto a la violencia en contra de hombres y niños», decía una de las pancartas.

Durante su recorrido, hicieron una parada en una escuela primaria, donde se les preguntó que “¿Qué es lo que quieren?”, respondiendo “ir a clases, nuestros maestros no se fueron por el covid, se fueron por el miedo”.

Antes de finalizar el evento, en la cancha techada de esta comunidad, se formaron a los niños para que los comunitarios los “armaran”, pero a diferencia de las autodefensas de Ayahualtempa, en esta ocasión las armas entregadas a los niños fueron juguetes y dijeron que la mejor arma para los niños es que sigan siendo niños y se les pueda brindar la seguridad y educación que tanto piden.

A nombre de las niñas y los niños de estas 24 comunidades indígenas, Angelina Bartolo Telcorral dio lectura a un documento dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Héctor Astudillo Flores a quienes les criticaron que se hayan apresurado a condenar la convocatoria a esta marcha, «les preguntamos si en verdad están preocupados por los niño y ninas?, o solo les preocupa que su gobierno se vea manchado porque salimos a la luz pública».

Bartolo Telcorral, sostuvo que a las autoridades federales y estatales, «les incomoda que el mundo sepa la verdad, que se muestre la verdad y pobreza, que es diferente a las mentiras que ustedes dicen, lo que dice no se compara con la realidad que vivimos la lucha de nuestros padres es justa, tan justa es que se organizaron para protegernos de (los grupos criminales) Los Ardillos y Rojos».

Y le hizo la invitación a López Obrador a que haga una visita a estas comunidades de la Montaña baja, «para que vea que nuestras verdaderas armas son la dignidad, la rebeldía y la resistencia a vivir en un escenario de guerra y de asesinatos de nuestras familias».

Señalaron que el gobernador, Héctor Astudillo Flores ha dicho que hay policías desplegados en esta zona, «pero siguen los ataques, porque los policías están vinculados a Los Ardillos» y reveló que hay una misión misión civil de observación en esta zona y que pronto que dará un informe ‘para exhibir y desnudar a las autoridades y sus mentiras».

Se quejó que las autoridades no estén «preocupados por nuestros derechos, les decimos que no tenemos opción que prepararnos para la guerra, en un escenario de guerra y seguimos esperando el dua que hagan una acción concreta contra Los Ardillos».

Agregó que los niños de esta localidad no aspiran a formar parte de la CRAC-PC-PF y que sólo los adultos con quienes están en este cuerpo de seguridad, «nuestros niños quieren estudiar, quieren vivir sin miedo pero las condiciones de violencia son una realidad y queremos denunciar que ninguno de los tres niveles de gobierno atiende esta ola de violencia».

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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigió al Estado mexicano una respuesta “inmediata y articulada” con el fin de atender a los niños reclutados para la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Crac-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, en La Montaña baja.

La participación directa de menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades “configura delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso de armas por los menores y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”, señaló la ONG.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la Policía Comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes del crimen organizado que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con grupos delincuenciales de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales también han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero por grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recordó que el Poder Legislativo tiene pendiente la armonización de leyes para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado en reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.

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