Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le entregó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la oposición política en el país con su iniciativa Sí por México. Otros financiadores fueron la USAID, la NED y las fundaciones de Alejandro Martí, Valentín Diez Morodo y Antonio del Valle.

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como su “principal donatario” en los últimos 2 años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos.

Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.

De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.

Ello porque a partir del 1° de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por Internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.

Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.

Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.

En los últimos 3 años, además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.

El cargo Gobierno de EU financia con 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción apareció primero en Voces en plural.

Francisco Torres Valdez, contralor municipal, detalló que los sancionados son Ignacio Villalba Bravo, quien fuera primer secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; sobre este ex funcionario pesan múltiples acusaciones de corrupción y soborno recibidos durante su permanencia en el cargo. No obstante, busca ser rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en sustitución de Javier Saldaña.

Otra sancionada es la segunda secretaria de Obras Públicas de Evodio, Luz María Meraza Radilla, a quien se le inició un procedimiento de carácter penal por desfalco, debido a que reportó obras que se dieron por terminadas y en realidad quedaron inconclusas, como el edificio del ayuntamiento viejo, ubicado en el centro del puerto.

También se inhabilitó a la ex secretaria de Administración y Finanzas, Soraya Benítez Radilla, así como algunos de los ex oficiales de la Dirección del Registro Civil que fueron acusados por desvíos de recursos económicos.

Desde el 12 de enero, el controlar municipal Francisco Torres Valdez había informado sobre la resolución del procedimiento administrativo contra el ex coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás Arturo De la Rosa Camacho, el ex encargado de despacho de la dependencia, Abel Luciano Villanueva y el bombero Lucio Flores Flores. Para los dos primeros la sanción es una inhabilitación por un año a cargos públicos y el tercero la destitución como bombero.

Dijo que el procedimiento 0CIM/DCyE/PRA-005/2020 en contra de los servidores públicos, fue por no hacer el proceso de entrega-recepción y por la desaparición de equipo que fue donado por Estados Unidos a la dependencia.

El cargo Inhabilitan a 12 exfuncionarios del gobierno perredista de Evodio Velázquez apareció primero en Voces en plural.