El Congreso del Estado reformó el Código Penal local para castigar de 6 a 12 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa a quien contamine los canales pluviales, con el propósito de proteger el medio ambiente.

De acuerdo con un boletín, los diputados de la 62 Legislatura consideraron en su agenda como una de sus prioridades legislar y castigar de forma más severa a quienes cometan delitos en contra del medio ambiente y, en consecuencia, contra la salud de la población, ya que son considerados como actos de irresponsabilidad que deben ser castigados por su omisión a los diferentes reglamentos establecidos en favor del ecosistema.

La reforma al Código Penal consiste en sancionar con la penalidad antes mencionada a las personas que descarguen aguas residuales, residuos sólidos o industriales, líquidos químicos o bioquímicos en canales pluviales, ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, con el objeto de prevenir la contaminación del líquido.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Alfredo Sánchez Esquivel, se reunió ayer con miembros de la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos al Servicio del Estado (Suspeg), con quienes tuvo un diálogo abierto y respetuoso, en busca de solución a sus demandas laborales.

Ante las protestas de los trabajadores del Congreso, Sánchez Esquivel los conminó a actuar de manera institucional para que las labores del Congreso no se vean afectadas.

Sin embargo, les reiteró que la pretensión de un 8 por ciento de incremento salarial no lo ve factible porque el presupuesto del Congreso no ha sido aumentado, además se contrapone a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera.

Explicó que las revisiones de la Auditoría son cada vez más estrictas y que aumentos hechos de manera discrecional como los que se venían haciendo, generan problemas legales, por lo cual deben apegarse a la normatividad.

Indicó que el 3.15 por ciento que se les ofrece es lo que se ajusta a la disponibilidad de recursos de la institución y lo que la misma ley mandata, y que es posible aplicarlo gracias a las economías logradas en el Congreso mediante un plan de austeridad y la reingeniería administrativa, por lo cual se tiene finanzas sanas para poder hacer frente al compromiso.

El cargo Instalan mesa de diálogo entre el Congreso y los trabajadores que exigen aumento salarial apareció primero en Voces en plural.

Con 24 votos a favor y 8 en contra, el Congreso del Estado aprobó solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciar las carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En la sesión ordinaria de este jueves se aprobó presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.

“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas”, indica.

Y que se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), “en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”.

En este punto de acuerdo aprobado en la sesión de esta tarde, “se dejó claro que se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de ella se desprende que el gobernador mantiene su fuero y que este Congreso local actuó con base en su competencia constitucional”.

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Los diputados locales Alfredo Sánchez Esquivel, Zoraida Abril Cruz Tenorio y Marco Antonio Cabada Arias atendieron el martes a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que se manifestaron en las instalaciones del Poder Legislativo.

Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, refrendó el compromiso del Congreso del Estado de coadyuvar en la solución de demandas de los maestros de la Ceteg.

Durante su protesta, los maestros cetegistas solicitaron su intermediación y enlace con el titular de la Secretaría de Educación en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez, para concretar una mesa de trabajo en la que le expondrán una serie de demandas que puedan ser resueltas lo antes posible.

Sánchez Esquivel reiteró a los docentes que el Congreso local es de puertas abiertas y siempre estarán abiertos al diálogo en busca de encontrar solución a la problemática del magisterio.

Refrendó la postura del Congreso de siempre estar atentos y ser respetuosos de las organizaciones sociales, con el total interés de ser coadyuvantes en la solución de sus demandas.

“Esa es nuestra obligación, porque el Congreso del Estado es la casa del pueblo”, apuntó.

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Una vez que concluyan las elecciones del 6 de junio próximo, la bancada de Morena impulsará en la Cámara de Diputados una reforma electoral para evitar “excesos y abusos”, indicó el coordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier, quien apuntó que “a todas luces algunos consejeros del INE han caído en la tentación de invadir las funciones del Poder Legislativo”.

Aunque dijo que los diputados estará atentos a la propuesta en la materia que envíe el titular del Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, subrayó que al interior de la fracción parlamentaria morenista avanzarán en una reforma integral. “Claramente hay dos consejeros del INE que interpretan las leyes a su modo y a favor de sus amistades políticas; insisto, hay una miopía y un uso faccioso para detener desde este instituto el avance de Morena”, indicó el diputado federal.

Mier expuso que tanto el INE y como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son órganos “sumamente costosos”, además de señalar que “no favorecen a la democracia, actúan por consigna”.

La actual ley electoral, dijo, lejos de inhibir los delitos en la materia, los incentiva, además que los partidos políticos ya conocen el camino para violar las leyes sin ser castigados.

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Tras la aprobación de la inclusión de los titulares del Ejército y la Marina al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, aseguró que es un error otorgar más responsabilidades a las Fuerzas Armadas y dar otro paso a la militarización del país.

La legisladora aseguró que el que se incorpore a las Fuerzas Armadas en el Consejo va con la línea de militarización que ha estado implementando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que contradice una de sus promesas de campaña.

“Me parece que la presencia de las Fuerzas Armadas en todos los espacios de la administración pública va creciendo, cosa que no debería de ser”, dijo.

Un día los vemos construyendo obra pública y entregando útiles escolares, y al día siguiente están haciendo armas. El gobierno de López Obrador ha asignado 13 tareas distintas a las Fuerzas Armadas, totalmente ajenas a su mandato legal, recordó.

Añadió que, en nombre de la corrupción, a las Fuerzas Armadas, el gobierno federal las ha metido en todas las funciones que ahora tiene, “por lo que incluirlas en la ciencia y la tecnología avanza en la intención de esta administración por militarizar más el país.”

“Es un error que día a día se les den más responsabilidades y que estén presentes en otros espacios cuando está muy claro en la Constitución lo que tendrían que estar haciendo”, aseguró la perredista.

El dictamen recientemente aprobado por la Cámara de Diputados busca incorporar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Luis Cresencio Sandoval; y de la Secretaría de Marina (Semar), el Almirante José Rafael Ojeda; al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, lo que fue votado en contra por las y los once legisladores de la bancada perredista.

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