La Comisión de Vivienda, que preside el diputado Carlos Torres Piña (Morena), aprobó dos dictámenes con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de proteger el patrimonio de afiliados y agilizar los servicios.

Uno de los dictámenes modifica el artículo 41 de la Ley del Infonavit, para establecer que “los intereses ordinarios que se generen a cargo de los trabajadores no se capitalizarán al saldo insoluto del crédito”, cuando un trabajador deje de percibir ingresos salariales y que este tenga prórroga en los pagos de amortización.

El objetivo es proteger derechos humanos, financieros y de vida de los trabajadores, y dar la posibilidad, no sólo de obtener un patrimonio, sino mantenerlo.

También busca “terminar con la incertidumbre que afecta a miles de familias en las que la pérdida de su fuente de trabajo también ocasiona la afectación de su patrimonio en sus bienes inmuebles”.

El segundo dictamen propone modificaciones a los artículos 29, 29 Ter y 29 Quáter, y adiciona el 29 Quinqus de la misma ley, para señalar que el Infonavit, a través de su sitio de Internet, pondrá a disposición de los patrones y empleados la información necesaria que facilite los trámites y servicios.

Plantea que las personas físicas y morales registradas como patrones o sujetos obligados ante el Infonavit tendrán asignado un Buzón Digital, que servirá para que el instituto haga citatorios, emplazamientos, requerir o solicitar informes o documentación; notificar cualquier acto, requerimiento o resolución administrativa que emita por medio de documentos digitales.

La diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas (PRI) refirió que uno de los principales beneficios, además de agilizar trámites, es cerrar el paso a inercias burocráticas y corrupción, que “alcanza niveles mucho más significativos en el caso de la administración de justicia”, que debiera ser rápida, expedita, particularizada y gratuita “es decir, ajena a actos corruptos”.

Explicó que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son un medio excepcional para transformar la administración pública, en lo que se ha denominado “gobierno electrónico”, concepto que fusiona el uso adecuado y acentuado de esas herramientas con modalidades de gestión y administración.

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