El Comité Nacional del Paro (CNP) entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Colombia, un protocolo de garantías para ejercer la protesta social ante la represión policiaca ocurrida durante las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CTU), explicó ayer en conferencia de prensa, que el documento se dirigirá al órgano regional de la Organización de los Estados Americanos para que dé garantía sobre las violaciones de derechos humanos registrados durante las marchas.

Según el líder sindical, el CNP tiene registro de que desde que se inició el paro (el 28 de abril) hasta la fecha, la represión ha dejado 3 mil 800 casos de violencia contra manifestantes pacíficos, más de 60 homicidios, mil 600 detenciones arbitrarias, 65 personas con lesiones oculares, más de 20 agresiones sexuales contra mujeres y varios ataques de género.

El protocolo, según Maltés Tello, se basa en tres puntos: la no aplicación de la fuerza militar para reprimir las protestas, la no portación de armas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las marchas y que los actos de represión sean el último recurso del gobierno para controlar las movilizaciones.

Pese a que estos puntos fueron acordados con distintas autoridades el 24 de mayo, el presidente de la CTU señaló que el gobierno central se ha negado a firmarlos. Colombia completa 38 días del paro nacional debido a que el presidente Duque se niega a un diálogo social real, prefiere la presión y la brutalidad policial.

Aseguró que, por estas razones, se invitó a la CIDH a Colombia desde hace un mes, pero el gobierno negó sistemáticamente la visita y apenas esta semana la aprobó. Apuntó que convocó al organismo porque el Ejecutivo optó por la militarización y un estado de conmoción vía decreto en ocho departamentos y 13 ciudades en plena movilización social.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Duque explicar en un informe el motivo por el que desplegó al ejército para prestar apoyo temporal a las fuerzas policiacas con el decreto. También solicitó a la policía entregar información sobre los operativos realizados durante el paro, y a la procuraduría, fiscalía y Defensoría del Pueblo les pidió que presenten un informe de las actuaciones ante las denuncias interpuestas durante las protestas.

Un equipo de la CIDH arribará al país el próximo lunes para sostener una audiencia privada con la fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la procuraduría. Entre el martes y el jueves verificará la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas.

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, única ONG extranjera presente en Colombia desde el 25 de mayo, confirmó en un informe el exceso de la fuerza pública contra las movilizaciones pacíficas.

El colectivo advirtió que el Estado colombiano debe ser investigado porque por medio de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo.

Desde el 28 abril, al comenzar el paro nacional, decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, lo que llevó al gobierno a descartar, más adelante, una propuesta de reforma al sector salud, sin lograr con ello frenar las movilizaciones masivas.

Los representantes de ambos sectores se reunieron otra vez ayer, como lo hacen desde el 7 de mayo, sin alcanzar algún acuerdo.

El cargo Cumple Colombia 38 días de protestas contra el gobierno central apareció primero en Voces en plural.

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer al Parlamento retirar una propuesta de reforma tributaria que provocó masivas protestas de sindicatos y organizaciones sociales, que se saldaron con al menos 10 muertes y cientos de personas heridas.

El mandatario reiteró que propondrá una nueva iniciativa que excluya las propuestas más polémicas de la anterior. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, declaró Duque en una alocución rodeado de la vicepresidenta y ministros.

Desde el viernes, el mandatario conservador había anunciado que reformularía el proyecto impulsado por él y rechazado por decenas de miles de personas, que lo acusaron de castigar a la clase media en plena pandemia de Covid-19, y tomaron las calles de las principales ciudades desde el miércoles.

Durante las protestas se registraron disturbios y actos de vandalismo en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali donde encapuchados atacaron sucursales bancarias, oficinas gubernamentales, saquearon establecimientos e incendiaron estaciones de transporte y autobuses. Pero el anuncio no calmó las protestas, que se repitieron el sábado.

Duque precisó ayer los alcances de la nueva propuesta, que excluirá el aumento del IVA en bienes y servicios, así como la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta, puntos más controvertidos de la Ley de Solidaridad Sostenible.

La reforma es necesaria para “dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del Covid-19”, defendió el presidente que tiene a la fecha su índice de popularidad en rojo (33 por ciento).

La nueva ley, concertada con partidos políticos, sector privado y sociedad civil, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas.

Entre otras cosas, “la reforma contendrá una tasa de renta temporal a empresas, un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, así como la apuesta por profundizar programas de austeridad”, agregó.

Aunque se espera que el retiro del proyecto calme las protestas, Duque anunció la noche del sábado que las ciudades con alto riesgo de disturbios recibirían asistencia militar, oferta rechazada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En 2020, el producto interno bruto de la cuarta economía de América Latina cayó 6.8 por ciento: su peor desempeño en medio siglo. El desempleo trepó a 16.8 por ciento en marzo y 3.5 millones de personas cayeron en la pobreza en la crisis económica tras la pandemia de Covid-19.

Desde el 6 de marzo de 2020, casi 2.9 millones de personas han contraído el coronavirus en el país, de las cuales 74 mil 215 murieron por esa causa.

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