Se trabaja en prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia de las zonas indígenas de La Montaña y Costa Chica

No se podría entender el mundo sin las mujeres, somos el motor de la Cuarta Transformación: Evelyn Salgado Pineda

Se suman ONU Mujeres, INMUJERES, TSJ, Congreso del Estado, CNDH, SEGOB y Conavim, así como alcaldesas y alcaldes de la Montaña y Costa Chica

Tlapa de Comonfort, Gro., 10 de noviembre de 2021.-  La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, prioritariamente en las zonas indígenas de la Montaña y Costa Chica, acciones integrales que involucran, a través de un convenio de colaboración, a las y los alcaldes de los municipios de estas regiones, así como instituciones, estatales, federales e internacionales como la ONU Mujeres.

“A todas ellas que viven en la región de La Montaña y en todas las regiones de Guerrero les vamos a dar todo el apoyo y todo el respaldo de este gobierno. El cambio y la transformación van de la mano de ustedes. El día de hoy habrá un antes y un después, será un parteaguas en la cuarta transformación, es un día que históricamente estamos reunidos representantes a nivel federal, estatal, municipal e internacional”, expresó la gobernadora de Guerrero en Tlapa.

Puntualizó que, “no se podría entender el mundo sin las mujeres, pues las mujeres somos el motor de la Cuarta Transformación”, dijo Evelyn Salgado Pineda, al tiempo de reiterar que su gobierno trabaja todos los días para arrancar este problema de raíz y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, siendo eje articulador con los tres niveles de gobierno y el apoyo total del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, Niñas y adolescentes de las zonas indígenas de La Montaña y Costa Chica, donde convergen la voluntad del Gobierno del Estado en la implementación de acciones integrales, para propiciar un cambio cultural en la sociedad con mayor igualdad.

La Secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, expuso que el objetivo y propósito central es atender a las mujeres que ya viven violencia y contribuir a cambiar estos comportamientos en los que se relacionan hombres y mujeres, para alcanzar y edificar una sociedad con mayor igualdad, donde los derechos de las mujeres y de los hombres se consideren por igual, bajo un enfoque de respeto a la dignidad humana.

El plan contempla la certificación y capacitación permanentes a los centros de atención a mujeres en sus distintas modalidades, además de ser una estrategia de largo alcance enfocada en la prevención y erradicación, para que no vuelva a haber violencia contra las mujeres, que involucra a sociedad y gobierno en un trabajo coordinado con los municipios, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

A esta estrategia se sumó la organización internacional ONU Mujeres, así como  el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado, además de 21 presidentas y presidentes municipales de la region La Montaña y Costa Chica, quienes firmaron un convenio de colaboración.

En esta agenda de desarrollo en Guerrero, por primera vez en la historia se integran instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones federales, estatales, municipales e internacionales, para atender y prevenir de manera integral todas las formas de violencia que tienen que ver con la desigualdad que presentan las niñas, adolescentes y mujeres en sus comunidades.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, reconoció el compromiso y la importancia que el gobierno de Guerrero le está dando a la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas para terminar con el abandono, la exclusión, la pobreza y la desigualdad, objetivos primordiales para lograr la Cuarta Transformación.

“Queremos prevenir y transformar la vida de las mujeres. No más matrimonios forzados, que tanto lastiman las vidas de las mujeres y niñas. Por eso celebramos esta estrategia integral para garantizarles el acceso a la igualdad y a servicios básicos y tener una mesa permanente de trabajo entre autoridades federales, estatales y municipales, acompañada por la ONU para detectar las principales necesidades en materia de salud, alimentación, educación, de empleo y de acceso a los recursos naturales para que las mujeres tengan autonomía plena”, destacó Gasman.

Por su parte, Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México, reconoció el esfuerzo de la  gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por priorizar a las mujeres y niñas en la agenda de trabajo del gobierno estatal y de las autoridades municipales.

“Reconocemos también el importante rol que han jugado las organizaciones de la sociedad civil y movimientos mujeres para visibilizar la situación que miles de mujeres enfrentan diariamente, y para contribuir a la eliminación de la violencia”, recalcó la representante de la ONU Mujeres en México desde el corazón de La Montaña de Guerrero.

Estuvieron presentes el Alcalde de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga; el Presidente de la JUCOPO, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel; Eribel García Pérez, directora de relaciones y coordinación interinstitucional de estrategias para la atención de los Derechos Humanos; Hilda Téllez, representante de la CNDH; la presidenta de Tlacoachistlahuaca, Jareth Saraí Pineda Arce; la alcaldesa de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez; entre otros funcionarios estatales, legisladores, presidentas y presidentes municipales de la región.

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La activista feminista Yndira Sandoval Sánchez recibió este viernes una disculpa pública por parte de las autoridades del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por un acto de violencia y tortura sexual cometido en su contra por policías de dicha localidad, ocurrido en septiembre de 2017.

En una ceremonia virtual convocada por la Cámara de Diputados, la defensora de derechos humanos agradeció el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la Recomendación 63/2019 sobre su caso, y de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cual también acompañó su denuncia.

Tras subrayar que las autoridades de México han colocado a las mujeres y niñas del país en una “orfandad institucional”, por la desprotección y abandono que sufren al ser víctimas de un abuso, Sandoval dijo que ella fue culpada y estigmatizada en su momento por las autoridades y los medios informativos, en vez de recibir la protección que requería ante los agravios sufridos.

Como se recordará, Sandoval denunció que el 16 de septiembre de 2017 fue detenida de manera arbitraria por policías municipales de Tlapa, luego de acudir a una clínica particular para ser atendida por un accidente, y más tarde fue agredida sexualmente en los separos por una agente del sexo femenino.

“Soy sobreviviente no sólo de tortura sexual, sino que desde 2017 he sufrido violencia institucional, física, mediática, comunitaria, política y feminicida”, dijo la activista, quien condenó la exposición que se hizo en diversas plataformas de las condiciones en que fue detenida, para desacreditar su denuncia.

“Soy más que dos videos a los que quisieron reducirme, para descontextualizadamente pintarme de otra manera. Acepto las disculpas porque creo en las instituciones, pero sólo como un primer paso” hacia la justicia, dijo. “Este acto de disculpa pública no repara el daño que me hacen, pero significa y simboliza mucho que el día de hoy se diga que nunca mentí, que siempre tuve la razón. […] A mí me violó el Estado y me hice justicia yo”, recalcó la también antropóloga social.

Poco antes de la intervención de Sandoval Sánchez, el actual presidente municipal de Tlapa, Dionisio Pichardo García, reconoció la gravedad de los hechos y le ofreció una disculpa pública a la mujer por las agresiones sufridas en 2017, “así como por todas las implicaciones que este acto victimizante ha implicado en su vida personal, familiar, social y política”.

De igual manera, indicó que la Recomendación 63/2019 de la CNDH también contempla la inclusión de Sandoval en el Registro Estatal de Víctimas, para que reciba una compensación económica; el seguimiento de la denuncia en contra de la policía agresora; la impartición de cursos de capacitación para agentes municipales, y la creación de una escuela de defensores de derechos humanos.

Fuente /  La Jornada

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) condenaron el asesinato del comisario de Jaleaca de Catalán y defensor de los bosques, Marco Antonio Arcos Fuentes.

Las instancias demandaron a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con su actividad en defensa de los derechos humanos, además expresaron su solidaridad con su familia y amistades.

Consideraron indispensable la implementación y desarrollo de diversas acciones encaminadas a investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia y a la verdad de los deudos y de la sociedad guerrerense en su conjunto.

Por su parte, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, advirtió que observará con atención la evolución de los acontecimientos y las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y su presentación ante la justicia para que reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad.

Mientras, la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán, instruyó a la Primera Visitaduría Especializada la radicación del Acta Circunstanciada número VG1/AC/010/2021, y que se realicen las diligencias necesarias para que se garantice el acceso a la justicia de las agraviadas y los agraviados y víctimas e instruyó a la primera Visitaduría Especializada tomar inmediatamente contacto con la familia Arcos Fuentes y se le dé asesoría y acompañamiento permanente en las gestiones que realice.

En tanto, el director del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jorge Ruiz del Ángel, ofreció a los familiares del comisario municipal el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad y ayuda emocional, pero estos rechazaron la ayuda del funcionario.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales y estatales a que apliquen medidas para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y evitar su participación en las policías comunitarias.

El llamado va dirigido a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia (DIF) estatal.

La CNDH demanda que se garantice la integridad personal de los niños y adolescente con base en los principios del interés superior de la niñez y la adolescencia.

La instancia externó que le preocupa la situación de violencia a la que se exponen las niñas, niños y adolescentes, debido a que vulnera sus derechos a la supervivencia y desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre otros.

Por ello, la CNDH reafirmó la urgente necesidad de implementar acciones necesarias para garantizar la seguridad, paz y tranquilidad en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera.

El organismo advirtió que estará atento a las actuaciones que realicen las autoridades en la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

El 22 de enero de 2020, la Comisión Nacional emitió un exhorto para proteger los derechos de menores de edad que aparecen en un video uniformados, con el rostro cubierto, portando armas de fuego, y fueron presentados como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los homicidios, la desaparición de personas, las amenazas de muerte, la extorsión y el desplazamiento de personas provocado en las comunidades de Ciénega de Puerto Alegre, en San Miguel Totolapan, y de Guajes de Ayala, en el Coyuca de Catalán.

Por ello, en un comunicado pidió a las autoridades que de manera inmediata brinde atención, protección, seguridad y defensa de esas comunidades de Tierra Caliente.

La CNDH precisó que tiene conocimiento de dos casos emblemáticos en contra de defensores ambientalistas y sus familiares, cometidos por grupos de delincuencia organizada que reflejan la situación de violencia crítica que viven pobladores de las comunidades de los referidos municipios.

Se trata el homicidio de Carlos Marqués Oyorzábal, como comisario municipal del poblado Las Conchitas en el municipio de San Miguel Totolapan, el pasado 3 de abril, y la desaparición de Elías Gallegos Coria y de su hijo Fredi Gallegos García, el 16 de octubre de 2020, en el poblado El Perro, municipio de Coyuca de Catalán.

Gallegos Coria participaba en la organización del ejido para defender sus árboles de la tala ilegal realizada por un grupo delictivo que los extorsionaba, amenazaba, robaba constantemente y que incluso habían asesinado a personas de la región.

Recordó que en la comunidad de Guajes de Ayala, el 30 de marzo de 2020, un grupo de criminales irrumpió en su campamento que saqueó la madera y robó sus pertenencias, lo que propició que las personas abandonaron sus hogares y emigraran.

En tanto, la CNDH apuntó que el pasado 3 de abril, miembros de la delincuencia organizada privaron de la vida al comisario municipal del poblado Las Conchitas, en el municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Marqués Oyorzábal.

Por ello, emitió el pasado 9 de abril para solicitar al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de San Miguel Totolapan que realizaran las acciones y protocolos necesarios para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de la familia de la víctima, además que la Fiscalía General de Guerrero iniciara las investigaciones del homicidio.

Ante esto, la CNDH hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa, amplia e inmediata a los habitantes de Ciénega de Puerto Alegre y Guajes de Ayala.

También exhortó al gobierno del estado, a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero para que realicen todas las investigaciones necesarias, que conduzcan al esclarecimiento de los hechos sucedidos en esas comunidades y se dé castigo a los responsables, así como la reparación integral del daño a familiares de las víctimas.

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Desde su creación a mediados de 2019, la Guardia Nacional acumula 424 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reportó que en 2020 la Guardia Nacional ocupó el octavo lugar en este terreno, con 350 quejas, y en lo que va de este año se ubica en el sexto, con 74.

Tanto en 2020 como en 2021 se ha ubicado entre las 10 instituciones a las que los ciudadanos les atribuyen más abusos.

En promedio, desde su creación a mediados de 2019, cada mes se han presentado 20 quejas contra la Guardia Nacional por posibles violaciones a los derechos humanos.

Entre las violaciones que se han atribuido a la Guardia Nacional destacan actos de tortura, trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias, empleo de la fuerza pública de forma desproporcionada, intimidación, apropiación de bienes inmuebles y retención ilegal.

Este cuerpo de seguridad fue constituido en el actual sexenio, gracias a una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de las críticas ha defendido el actuar de la Guardia Nacional y ha asegurado que no viola derechos humanos.

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Decenas de personas desplazadas, originarias de Leonardo Bravo y Zitlala, en el estado de Guerrero, se reunieron el miércoles con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien se comprometió a gestionar su reubicación en un sitio seguro y su incorporación en el Registro Nacional de Víctimas.

En su tercer día de plantón frente a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, los pobladores de comunidades desplazadas por la violencia se reunieron con representantes de la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Teodomira Rosales Sierra, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien participó en el encuentro con Alejandro Encinas Rodríguez, explicó que una de las principales demandas de las familias es su reubicación, pues llevan dos años y cinco meses desplazadas, luego de que grupos criminales se adueñaran de sus tierras y propiedades, ubicadas en el municipio de Zitlala.

“Salimos de la reunión muy alentados y contentos. Alejandro Encinas está en las mejores disposiciones para trabajar con los desplazados. Pero queremos que se cumpla, ya no queremos sólo palabras”, expresó Rosales Sierra.

La abogada agregó que las víctimas le exigieron a Encinas que se les apoye con acceso a proyectos productivos y se incorpore al Renavi a unas 55 personas desplazadas que aún no tienen acceso a la ayuda económica de dicho registro.

Ante esto, indicó que el funcionario se mostró preocupado ante la demanda de la reubicación y se comprometió a buscar lugares en donde se puedan reinstalar en condiciones seguras.

Aunque en la reunión no se determinaron fechas, se mencionó que la reubicación podría concretarse antes de que termine este año.

Además las familias pidieron atención médica especializada y el pago de alimentos y gastos de traslado y alojamiento, y el envío de la Guardia Nacional a los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan que también corren el riesgo de ser desplazadas.

Las medidas urgentes de seguridad son requeridas en las comunidades de Hacienda de Dolores, El Ceibal, Los Guajes de Ayala, Los Órganos y El Ciruelo, del municipio de Coyuca de Catalán; así como en Las Conchitas, Ciénega de Puerto Alegre, El Duraznito y Cerro de Las Lumbreras, en San Miguel Totolapan.

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