El Comité Nacional del Paro (CNP) entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Colombia, un protocolo de garantías para ejercer la protesta social ante la represión policiaca ocurrida durante las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CTU), explicó ayer en conferencia de prensa, que el documento se dirigirá al órgano regional de la Organización de los Estados Americanos para que dé garantía sobre las violaciones de derechos humanos registrados durante las marchas.

Según el líder sindical, el CNP tiene registro de que desde que se inició el paro (el 28 de abril) hasta la fecha, la represión ha dejado 3 mil 800 casos de violencia contra manifestantes pacíficos, más de 60 homicidios, mil 600 detenciones arbitrarias, 65 personas con lesiones oculares, más de 20 agresiones sexuales contra mujeres y varios ataques de género.

El protocolo, según Maltés Tello, se basa en tres puntos: la no aplicación de la fuerza militar para reprimir las protestas, la no portación de armas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las marchas y que los actos de represión sean el último recurso del gobierno para controlar las movilizaciones.

Pese a que estos puntos fueron acordados con distintas autoridades el 24 de mayo, el presidente de la CTU señaló que el gobierno central se ha negado a firmarlos. Colombia completa 38 días del paro nacional debido a que el presidente Duque se niega a un diálogo social real, prefiere la presión y la brutalidad policial.

Aseguró que, por estas razones, se invitó a la CIDH a Colombia desde hace un mes, pero el gobierno negó sistemáticamente la visita y apenas esta semana la aprobó. Apuntó que convocó al organismo porque el Ejecutivo optó por la militarización y un estado de conmoción vía decreto en ocho departamentos y 13 ciudades en plena movilización social.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Duque explicar en un informe el motivo por el que desplegó al ejército para prestar apoyo temporal a las fuerzas policiacas con el decreto. También solicitó a la policía entregar información sobre los operativos realizados durante el paro, y a la procuraduría, fiscalía y Defensoría del Pueblo les pidió que presenten un informe de las actuaciones ante las denuncias interpuestas durante las protestas.

Un equipo de la CIDH arribará al país el próximo lunes para sostener una audiencia privada con la fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la procuraduría. Entre el martes y el jueves verificará la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas.

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, única ONG extranjera presente en Colombia desde el 25 de mayo, confirmó en un informe el exceso de la fuerza pública contra las movilizaciones pacíficas.

El colectivo advirtió que el Estado colombiano debe ser investigado porque por medio de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo.

Desde el 28 abril, al comenzar el paro nacional, decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, lo que llevó al gobierno a descartar, más adelante, una propuesta de reforma al sector salud, sin lograr con ello frenar las movilizaciones masivas.

Los representantes de ambos sectores se reunieron otra vez ayer, como lo hacen desde el 7 de mayo, sin alcanzar algún acuerdo.

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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigió al Estado mexicano una respuesta “inmediata y articulada” con el fin de atender a los niños reclutados para la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Crac-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, en La Montaña baja.

La participación directa de menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades “configura delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso de armas por los menores y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”, señaló la ONG.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la Policía Comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes del crimen organizado que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con grupos delincuenciales de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales también han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero por grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recordó que el Poder Legislativo tiene pendiente la armonización de leyes para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado en reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.

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