El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no podrá ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) porque se le concedió una suspensión provisional; además, ya pagó la garantía fijada en 100 mil pesos, determinada por el Juzgado Octavo de Distrito en dicho estado.

García Cabeza de Vaca pagó la garantía de 100 mil pesos requerida el pasado 24 de mayo, cuando se autorizó el amparo que ordenó el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, por lo que la suspensión sigue vigente y no podrá ser detenido.

“Por lo tanto, continúa surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, lo que se deberá comunicar a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar”.

Determinó el juez.

Además, García Cabeza de Vaca exhibió el “billete de depósito expedido el veintisiete de mayo actual, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., valioso por la cantidad 100 mil pesos en moneda nacional”.

El pasado 19 de mayo, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, informó el senador de Morena, Ricardo Monreal, en Twitter.

El mandatario estatal es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada

Luego de la orden de aprehensión, el gobernador García Cabeza de Vaca se ausentó unos días de la vida pública, y mediante su cuenta de Twitter, lanzó varios mensajes.

El 21 de mayo, el gobernador seguía bajo resguardo en la Casa Tam, donde tuvo programada una reunión de gabinete.

En esa fecha, antes del mediodía, empezaron a llegar los secretarios de la entidad para sostener una reunión de trabajo con García Cabeza de Vaca, para tratar temas de competencia de cada una de las áreas.

El primero en llegar fue el secretario del Trabajo, Miguel Ángel Villarreal Ongay; posteriormente, la secretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga; el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Ariel Longoria García; el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, además del secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez.

Fuente/unotv.com

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Desde la tarde de ayer jueves efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), con por lo menos tres vehículos blindados, reforzaron la seguridad en el perímetro de la casa de gobierno en Tamaulipas, donde presuntamente se encuentra, desde el miércoles por la tarde, el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, esto luego de que un juez de control libró en su contra una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Al menos tres vehículos conocidos como SandCats, con un alto nivel de blindaje y artillados adquiridos para el combate contra el crimen organizado, se colocaron en el área perimetral del edificio que se encuentra en la avenida Tamaulipas, al norte de la capital del estado.

Dos de ellos están al frente mientras que un tercero se localiza en otra de salida y estacionamiento que pega con avenida Del Valle del fraccionamiento con ese mismo nombre.

Se trata de personal altamente entrenado en combate y sus acciones se han dado a conocer en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la entidad, aunque también se han visto involucrados en varios casos de ejecuciones extrajudiciales.

El cargo Grupo especial y vehículos blindados resguardan casa de Gobierno de Tamaulipas apareció primero en Voces en plural.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las acusaciones del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de que el proceder en su contra venía desde el Palacio Nacional.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó a pregunta expresa: “no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores”.

Aseveró que es un caso que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y anunció que presentará un oficio que envió la embajada de Estados Unidos en donde solicita la información del mandatario estatal por presunto lavado de dinero.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República que es independiente, que es autónoma, yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que ese su doctrina, la hipocresía, no”, puntualizó.

Dijo que la información la daría a conocer igual que lo hizo con el expediente que envió la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena.

El cargo Niega López Obrador ordenar persecución contra Cabeza de Vaca; “no es mi fuerte la venganza”, dice apareció primero en Voces en plural.

La Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar la orden de captura y detener al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo anterior luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carranca, consideró que la controversia constitucional impulsada por el Congreso de esa entidad “se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia”.

El pasado 30 de abril al tiempo que la Cámara de Diputados decidió por mayoría el desafuero de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR, representantes del Congreso de Tamaulipas, presentaron una controversia constitucional con la cual pretendía que se mantuviera la inmunidad procesal para el mandatario estatal, al considerar que luego del proceso en el Congreso federal, los diputados locales tenían que decidir la condición del gobernador.

Asimismo, ese recurso planteado ante la SCJN buscaba que el máximo tribunal del país se pronunciara de manera definitiva sobre los procedimientos relacionados con el artículo 111 Constitucional.

A través de la lista de acuerdos de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, informó: “dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído. Finalmente, agréguese al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído”.

“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al Poder Legislativo actor señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designando autorizado y delegados. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido”.

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El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, desechó por improcedente el juicio de amparo que promovió Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que buscaba anular la decisión legislativa de quitarle el fuero.

En su demanda, el aún gobernador tamaulipeco dijo que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, ya que unilateralmente determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan.

García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril.

El desafuero del gobernador Cabeza de Vaca fue aprobado por 362 votos en favor, con 134 votos en contra y 14 abstenciones.

Al respecto, el juez Martín Adolfo Santos resolvió rechazar el recurso debido a que argumentó que el promovente pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial, se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto.

Reiteró que el artículo 111 constitucional faculta a los legisladores resolver soberana y discrecionalmente que determinen si procede o no retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que sea juzgado por delitos que, en su caso, se le atribuyan.

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La Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y después de la presentación de alegatos por parte de la Fiscalía General de la República y la defensa, las bancadas se enfrascaron en un largo y agrio debate, el PAN insistió que la decisión final la tiene la legislatura de la entidad, pero Morena reviró: “¡Va a la cárcel, sí o sí!”

Tras aprobarse el desafuero y en paralelo a la decisión del Congreso de Tamaulipas que rechazó la declaratoria de procedencia contra el gobernador, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, recalcó que la declaratoria es inatacable. “No hay una instancia revisora, de reconsideración, no existe instancia, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Es absolutamente inatacable, es de aplicación directa, no de interpretación”.

El dictamen de la Sección Instructora se aprobó por 362 votos en favor se Morena y sus aliados. La oposición sumó 134 votos en contra y se registraron 14 abstenciones, la mayoría del PRI.

Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri (PRI), declaró que “ha lugar a proceder en contra” del gobernador y ordenó comunicar la resolución al Congreso del estado, “para los efectos del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.

Dicho párrafo prevé que “para proceder penalmente en contra de los ejecutivos estatales… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena), dijo que se comprobó el delito de defraudación fiscal agravada, como se concluyó de la compulsa entre los ingresos y la defraudación fiscal de Cabeza de Vaca.

Frente al argumento del PAN, respecto de que no es urgente el desafuero porque el delito prescribiría hasta 2029, Pablo Gómez expuso que sería como admitir el retraso de la justicia ante una situación política muy especial.

El delito por el cual se decidió el desafuero, para que la FGR esté en posibilidad de solicitar la detención y presentarlo ante un juez, “no es meramente culposo”, expuso el legislador y dijo que el daño por la elusión fiscal de 6.5 millones de pesos se causó no solo ante la Hacienda federal, sino a los ingresos de Tamaulipas.

Desde la tribuna, PAN, PRI y PRD -que van en alianza al proceso del 6 de junio- reclamaron que el desafuero tiene su origen en un manejo político de la justicia, e incluso el blanquiazul acusó una venganza política contra el gobernador surgido de sus filas.

Acompañado de legisladores de su grupo que extendieron una manta en la que se leía “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!”, el coordinador de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el juicio de procedencia de este viernes fue una “burda intención de impactar el proceso que está en marcha”.

En respuesta, desde las curules de Morena y sus aliados se escuchó: “¡Cómplices! Los panistas respondieron: “¡Paleros!” Desde las filas de la mayoría reviraron: “¡Sus gobernadores son narcos ¡Narcos!”

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Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vinculó a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.

Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle y de su esquema de lavado fueron congeladas a petición de la UIF.

Premisas de la acusación

Jorge Luis Lavalle, ex senador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado mexicano en el sector energético.

En el proceso contra el ex parlamentario Lavalle, la UIF participó como parte ofendida y coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de la investigación.

En la investigación sobre Jorge Luis Lavalle se vincula también al ex senador Roberto Gil y a García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, y ex senador panista por ese estado cuando fue aprobada la reforma energética en el gobierno anterior.

En el caso particular de Lavalle, la denuncia de la UIF en la Fiscalía Anticorrupción y el congelamiento de cuentas bancarias fue por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La UIF también proporcionó información sobre Jorge Luis Lavalle y sus operaciones financieras a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (Seidf), que es la instancia que investiga particularmente sobre posibles actos de corrupción en el marco de la reforma que privatizó la industria energética en el sexenio del ex presidente Peña Nieto.

Presentada el 13 de octubre de 2020, la querella está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), identificada con la carpeta de investigación DEN/UIF/89-2020.

Hace tres semanas, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que el gobernador García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades con valor superior al de sus ingresos declarados, además de participar en actos de corrupción y en el uso de recursos de procedencia ilícita. El mandatario, que está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, negó las acusaciones que se le imputan.

También el panista Gil Zuarth ha rechazado los señalamientos de haber participado en actos de corrupción durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma energética.

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