Ciudad de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que ni por causas justas se justifica que se arme a menores de edad y manifestó que no se puede hacer justicia por propia mano.

En la conferencia de prensa matutina de ayer, pidió a los niños que fueron presentados armados en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que no tomen la justicia por propia mano, ni recurran a la violencia.

El mandatario federal consideró que está bien que exijan al Estado que les brinde seguridad, pero no está bien que tengan la visión del “ojo por ojo”, porque el que “a hierro mata a hierro muere”.

Sostuvo: “El Estado tiene la obligación de proteger a las personas, a niños, adultos, a todos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que cumplir con eso y se está haciendo”.

Apuntó que “en Guerrero está participando la Guardia Nacional y va seguir participando, protegiendo a los ciudadanos, para eso se creó para proteger a niños, a niñas, a todos los mexicanos. Eso le mando a decir a los niños”.

Insistió: “Le digo a los niños, no a la violencia. Nosotros vamos a protegerlos, no sólo por daños materiales, físicos, sino protección para que puedan estudiar, que tengan becas que puedan salir adelante con el estudio, con el trabajo, que eso es lo que estamos procurando. No a la violencia y como lo dije en esa ocasión, los padres y los adultos tenemos más responsabilidad”.

También señaló que “nada justifica que se utilice a los niños, nada. Ni porque hay inseguridad, con los niños no”.

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Policías comunitarios amagan con no permitir las elecciones y hacer quema de boletas en caso de que las autoridades no atiendan sus demandas, principalmente la atención de los desplazados y viudas.

Además, las familias ya cuentan desde el año pasado con las tarjetas bancarias donde el gobierno del estado les depositaría los 2 mil pesos mensuales de apoyo como víctimas, pero sin que, hasta el momento, se les haya hecho un solo depósito.

Los coordinadores de este grupo de comunitarios y a 10 días de haber presentado a otro grupo de niños como miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores (Crac-PC PF), lamentaron que las autoridades gubernamentales no se hayan acercado a atender sus demandas, mismas que fueron presentadas desde enero del año pasado.

Adelantan que, en caso de no tener respuestas, “con los niños vamos a impedir que pasen los camiones con las boletas, tienen que pasar por aquí y los niños son los que las van a quemar, a ver si así nos hacen caso”.

La señora Antonia Romero Suarez, declaró que desde hace 6 meses las autoridades les pidieron emparejar los terrenos donde construirían sus nuevas viviendas como parte de los apoyos hacia las víctimas, mismas que estarían listas en 6 meses, pero sin que hasta la fecha se haya colocado por lo menos un ladrillo.

Explicó que, el apoyo para vivienda sería de 90 mil pesos, aparte de otros 50 mil para comprar semillas de hortalizas y árboles frutales.

El día 2 de junio de 2019, a las 17 horas en la cabecera municipal, fue asesinado Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional de la policía comunitaria de la Crac de La Montaña baja y esposo de la señora Antonia Romero, cuando regresaba de comprar gasolina, hecho que ocurrió frente a ella.

Inés Villareal Ambrosio explicó que desde hace un año viajó hasta Chilapa para tramitar su tarjeta donde les depositarían el recurso económico destinado para compra de despensas, “ahorita no nos han dicho nada, el gobierno nomás nos engañó, puras mentiras y ningún apoyo estamos recibiendo, nos están diciendo que ya van a llegar las viviendas, pero es fecha que nada”.

Dijo que como se lo pidieron las autoridades les entregaron los documentos solicitados, incluida la credencial de elector, e incluso aplanaron el terreno donde les construirían su vivienda.

El día 8 de julio de 2019, su esposo y otro integrante de la Policía Comunitaria a las 22 horas en el punto conocido como el crucero del Jahuey fueron secuestrados por miembros del grupo delictivo ‘Los Ardillos’, y fue hasta el 11 de julio de ese año que fueron encontrados sin vida en la comunidad de Chautla, perteneciente al municipio de Chilapa.

En el caso de los desplazados que habitan en Ayahualtempa, son 34 personas de 6 familias que huyeron de la localidad de Acotapachtlan, en Chilapa.

Lucio Adrián Bolaños Hernández recordó que el día 18 de octubre de 2019, su papá Fidel Bolaños Rojas fue secuestrado por el grupo delictivo ‘Los Ardillos’, al día siguiente su hermano Félix Isidro Bolaños Hernández también fue privado de su libertad, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Además de que el 7 de septiembre de ese mismo año, otro de sus hermanos, Leocadio Bolaños Hernández, fue encontrado muerto en el punto denominado El Ocotito al siguiente día.

Por lo que, junto con sus demás hermanos y su mamá, optaron por huir de su localidad, caminando 7 horas para poder llegar a Ayahualtempa, donde solo se quedarían por unos días, pero dadas las circunstancias optaron por no seguir adelante y refugiarse en ese lugar.

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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigió al Estado mexicano una respuesta “inmediata y articulada” con el fin de atender a los niños reclutados para la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Crac-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, en La Montaña baja.

La participación directa de menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades “configura delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Redim expresó su preocupación por el uso de armas por los menores y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

“Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”, señaló la ONG.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la Policía Comunitaria “se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes del crimen organizado que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con grupos delincuenciales de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero”.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales también han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero por grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recordó que el Poder Legislativo tiene pendiente la armonización de leyes para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado en reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.

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El gobernador Héctor Astudillo Flores criticó que armar y grabar a niños de la localidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, es un acto delicado e irresponsable.

Afirmó que esa zona ha sido atendida con programas sociales, construcción de viviendas y cinco puntos de seguridad.

A pregunta de un reportero del periódico El Sur sobre el tema, el gobernador Astudillo respondió: “Los arman, los graban, yo creo que es muy delicado eso”.

En su cuenta de Facebook, el gobernador Astudillo reiteró que

“utilizar a niños y armarlos para después grabarlos es delicado e irresponsable”.

Afirmó que el gobierno del estado de Guerrero ha dado apoyo puntual a 24 localidades ubicadas entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera. “Nos hemos mantenido al tanto de la situación y les seguimos atendiendo”, escribió.

Astudillo Flores recordó que a raíz del asesinato de 10 trabajadores de la música, ocurrido el enero de 2019 en el municipio de Chilapa, por lo que él mismo recorrió las comunidades de esa zona y se establecieron cinco puntos de seguridad en los que participan la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como policías municipales.

“Hay lugares que tienen puntos fijos de seguridad, como en el Crucero del Jaguey, en el crucero de Tula, en el crucero Tepila-Rincón de Chautla, en El Caracol y Hueycantenango, hay cinco lugares fijos independientemente de la existen de la policía comunitaria, el armar a los niños es un acto irresponsable”, puntualizó.

Abundó que las diferentes secretarías del gobierno estatal apoyaron a las viudas de los músicos asesinados, con los gastos médicos, la reposición de las camionetas incendiadas. Además, con una inversión de 7.1 millones de pesos se construyeron 32 viviendas tanto en Chilapa como en José Joaquín de Herrera para las familias afectadas que perdieron a sus familiares.

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Chilpancingo, 11 de abril. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores (CRAC-PC PF), ahora en la localidad de Ayahualtempa en el municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), presentaron a más niños como policías comunitarios, por lo que ahora suman 34 menores de 15 años; 17 fueron presentados en el mes de febrero del año pasado, que están siendo capacitados para defender a sus pueblos del acecho del crimen organizado.

Este sábado, los menores marcharon por las calles de la localidad de Ayahualtempa e hicieron una demostración de las capacitaciones que han recibido, haciendo un llamado a las autoridades del ámbito federal y estatal para atender sus peticiones, mismas que ya habían sido pactadas hace 15 meses.

Los ‘niños comunitarios’, como se les ha conocido a nivel internacional, van desde los 7 hasta los 14 años de edad, reciben adiestramiento táctico tipo militar para disparar y saber posicionarse con las armas, pero solamente los que tienen más de 12 años usan armas de verdad, mientras que los más pequeños usan armas de madera o palos que simulan y que los mismos niños dicen que son Ak-47 (cuernos de chivo) o AR-15.

El coordinador de este grupo de comunitarios, Bernardino Sánchez Luna, declaró que el gobierno del estado ha incumplido con los acuerdos de brindar seguridad, salud y educación a esta zona de la región Montaña, por lo que han optado por recibir a más niños en sus filas, asegurando que los menores fueron quienes se ofrecieron para ser comunitarios.

Sánchez Luna explicó que los niños también hacen recorridos como si fueran policías comunitarios adultos, además de que el grupo ya ha aumentado en número y en próximos días serán más de 40, ya que otros menores se han interesado en formar parte de la CRAC para defender sus pueblos.

“En Ayahualtempa no ha habido nada de apoyo…Hacemos un llamado al gobierno federal para que apoye a las 9 viudas de esta comunidad, a los 14 huérfanos y a los 34 desplazados que no han recibido ningun tipo de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, es por esto que estamos exigiendo al gobierno que mire para acá, porque las viudas sufren, los huérfanos a veces no tienen ni tortilla con sal para comer”, sentenció.

Indicó que, a diferencia de las viudas de la localidad de Alcozacán, el gobierno no ha cumplido con las promesas que se hicieron para Ayahualtempa.

Por lo que, aseguró, los niños dijeron que se tenían que salir a las calles para que el gobierno vuelva a voltear hacia “este lado”.

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